No tiene afán recaudatorio, pero la alcaldesa de Caspe, Teresa Francín, reconoce que “se sancionará con una multa importante a aquellas personas que cometan algún acto vandálico”. La forma de detectarles será la misma que ya se ha implantado, con éxito, en otras localidades: un sistema de vídeovigilancia, con siete cámaras inalámbricas, centralizado en las dependencias de la Policía Local, que grabará en todo momento lo que pase en determinados puntos del centro urbano y “lugares comunes y patrimoniales de la ciudad”.
Permanecerán ocultas a la vista de los viandantes y su ubicación se guarda con el máximo secretismo. La finalidad de las nuevas cámaras de vigilancia es “disuadir a los vándalos” porque, como señala Francín, “su objetivo siempre es el mobiliario urbano, y repararlo o sustituirlo suele resultar bastante costoso para todos los ciudadanos”.
“Caspe no registra más actos vandálicos que otras ciudades de sus mismas caracterísiticas, pero que se cometan contra los elementos comunes hacen que éstos salten más a la vista”, explica el concejal de Tráfico en el Ayuntamiento de Caspe, Armando Relancio.
La inversión inicial para la implantación del servicio asciende hasta los 107.148 euros e irá con cargo a las ayudas que la ciudad reciba a través del Fondo Estatal de Inversión Local. Sin embargo, la verdadera importancia de esta actuación reside en que derivará en “un avance en las comunicaciones del municipio”, como señala Relancio. La razón, que gracias a las conexiones inalámbricas de que requieren las cámaras, todos los edificios municipales estarán conectados a través de la misma red.
Recuperación del centro
La instalación de las cámaras enlaza, en cierto modo, con la filosofía de la declaración del núcleo primitivo de Caspe como Área de Rehabilitación Integral (ARI): preservar el patrimomio y poner en valor las zonas más degradadas de la ciudad.
Gracias al convenio fimado entre el Consistorio, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Vivienda el pasado 18 de enero, 110 viviendas del casco histórico de la capital del Bajo Aragón Zaragozano podrán recuperar sus condiciones de habitabilidad.
Francín considera que para que esta actuación llegue a buen puerto, “la implicación y colaboración de los particulares es básica”. Para ello, en un corto espacio de tiempo se abrirá en el antiguo edificio de Correos una oficina técnica donde todas las personas que quieran verse beneficiadas de las actuaciones que contempla el ARI para la remodelación de sus pisos y casas puedan acudir a ella a resolver sus dudas o tramitar el papeleo necesario. Y es que, las instituciones subvencionarán hasta un máximo de 18.000 euros a aquellos propietarios que deseen acogerse al Plan.
En caso de que sus viviendas requiriesen ser desalojadas, éstos tampoco tendrían que preocuparse por su realojo temporal, porque en el presupuesto con el que cuenta el ARI (seis millones de euros) se incluye el pago de los gastos derivados de esta reubicación.
