La comarca

La llamada de socorro de la cuenca minera turolense no ha surtido efecto y no ha podido unir a todos los partidos en defensa del sector. Ahora, esa voz de auxilio será llevada con más virulencia a Madrid.
Los acuerdos políticos que no pudieron ser alcanzados ayer en la mesa de la Minería de Aragón suponen una fuerte ruptura entre el ejecutivo autonómico y la base social minera. Resulta realmente preocupante que dentro de la propia Comunidad no pueda llegarse a un acuerdo. Que PP y PAR no firmasen ayer el punto por el que debían instar a los diputados y senadores autonómicos a apoyar las enmiendas del carbón volverá a mostrar ante Madrid la debilidad de Aragón en la defensa de sus propios intereses. Todos los partidos políticos aragoneses, en bloque, deberían unirse a favor del carbón. De otro modo, difícilmente serán escuchadas nuestras peticiones en el Ministro de Industria. Los recortes planteados por el Gobierno central son lo suficientemente graves como para crear un frente común sin fisuras ni posturas politizadas. Por eso, también deberían cuidarse visitas al territorio de carácter únicamente político y que podrían desvirtuar el sentido de la protesta del sector. La bandera en defensa del carbón debe ser llevada hasta Madrid por el equipo de gobierno autonómico PP-PAR (este último es responsable de la cartera de Industria, tanto en la consejería como en la dirección general de la DGA), por los partidos de la oposición, PSOE, IU y CHA, los diputados y senadores aragoneses, y también por sindicatos y patronal. Sin embargo, con esta carta de presentación, poco se puede esperar de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón que se celebra hoy en Madrid. El Gobierno de Aragón debería haber sido aval para que allí se exponga una propuesta de negociación seria y que se comprometa con el futuro del carbón en el mix energético nacional. Si no se produce este cambio, los mineros de Asturias, León y Aragón recrudecerán las luchas con el apoyo de la masa social de sus comunidades autónomas, porque no es comprensible abocar de forma radical a la muerte a pueblos que han vivido de las minas de lignito durante décadas sin plantear un proceso de reconversión ni alternativas para el desarrollo económico de estos territorios. Cabe esperar que el buen entender de quienes nos gobiernan sea suficiente para reconducir la situación y plantear alternativas.