El sector minero turolense cumple 12 días de huelga sin un solo avance, sino todo lo contrario. La incertidumbre a la que se enfrentan los trabajadores de las minas españolas crece y cada vez es mayor la brecha entre los responsables gubernamentales y los trabajadores, por lo que las posibilidades de llegar a acuerdos son escasas.
La Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón del miércoles excluyó a los sindicatos de la mesa de negociación. Se quedaron a las puertas del Ministerio de Industria, y vieron cómo empresarios y gobierno negociaban en solitario. No ha trascendido lo que allí se acordó, solo que no habrá más financiación para el sector. Este gesto supone toda una declaración de intenciones por parte del ministro Soria, quien criticó el martes en el Senado que se hubiesen invertido 5.000 millones de euros en el sector desde los años noventa. Bien es cierto que esas inversiones podrían haberse planificado mejor y haber sustentado proyectos de mayor seguridad para la diversificación económica para el territorio. No obstante, no por ello se debe castigar y condenar a muerte a decenas de pueblos enteros en Asturias, León y Teruel. Empresarios, sindicatos, ejecutivo central y Comunidades Autónomas en bloque han de establecer vías de diálogo e información transparente, sin acusaciones políticas. Los argumentos basados únicamente en la rentabilidad económica del sector no se pueden defender en un asunto del que dependen sociedades enteras, y menos realizar agravios comparativos. Existen numerosos ejemplos de inversiones en sectores poco rentables. Un claro caso es la financiación que han recibido otras comunidades, como la del propio Ministro, Canarias, con grandes ayudas para reconvertir los astilleros.





