«Me hace mucha gracia, han querido ir más allá y la han fastidiado. Si se acercaran al territorio comprobarían cómo están funcionando los municipios. El 95% de las localidades de Aragón tienen alcaldes y concejales que no cobran nada. Trabajan y restan horas a su vida social y familiar por amor a su pueblo. Lo único que se conseguirá es tener que contratar a técnicos para que realicen las tareas que antes acometían los ediles». Estas son las palabras del alcalde de Castellote, Ramón Millán (PAR), al conocer las nuevas medidas de «ajuste» anunciadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso.
Parte de las reformas afectan a la composición y a las competencias de los ayuntamientos. La medida que ha causado más polémica es el anuncio de que se reformará la ley para reducir en un 30% el número de concejales en los ayuntamientos por tramos de población. También se reducirán los sueldos de alcaldes y concejales. Los presupuestos fijarán cada año los baremos en función de las características del municipio. Asimismo, Rajoy también anunció que se efectuará una «drástica reducción e incluso eliminación de empresas públicas». Por otro lado, el gobierno estatal reforzará el papel de las diputaciones provinciales para centralizar en estas instituciones la prestación de servicios y se delimitarán las competencias municipales para evitar que se presten servicios «para los que no tienen financiación necesaria». Según Rajoy, con esta reforma se garantizará que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados «a precios razonables y mejor gestionados».
Al respecto, la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, explicó el jueves que el estatuto de autonomía «prevalece» sobre la futura ley de bases de régimen local, por su rango superior y que el secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, le aseguró que será «respetuosa» con las comunidades con competencias en la materia. Además, Rudi explicó que la presidenta ha asegurado que la fusión de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que «no sirve para Aragón». Por su parte, la presidenta de la DPT, Carmen Pobo (PP), prefirió no valorar las medidas hasta que no se concreten.
El vicepresidente de la DPT, Francisco Abril (PAR), se mostró contrario a la reducción de ediles en localidades pequeñas y destacó su labor «altruista». La principal crítica de los alcaldes se centra en conocer cómo afectará la reforma en los pueblos. Millán puso de ejemplo el Ayuntamiento de Castellote, que también gestiona nueve pedanías. «El experimento que hicieron con nosotros en los años 60 no funciona», comenta. Por su parte, el primer edil de Valderrobres y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carlos Boné, se mostró cauto a la espera de conocer más detalles. Para Boné en las grandes ciudades «no va a suponer un grave perjuicio» pero sí en las pequeñas. «En Aragón no tiene sentido porque la gran mayoría no cobramos por nuestro trabajo. Por tanto no sería una medida de ahorro porque no somos un gasto», especificó. Además, Boné incidió en que la reducción de cargos aumentaría la carga de trabajo de los ediles, quienes «ya restan horas de su tiempo libre y profesional », detalló.
En la misma línea se mostró la primer edil de Lledó, Mª José Vallés (PSOE). La lledense recalcó que tan solo servirá para aumentar la carga de los concejales. «Pese a que se intentan repartir las tareas, casi toda la carga la asume el que va delante. Yo me paso más tiempo en el Ayuntamiento que en mi casa. Si quieres llevar bien tu pueblo debes estar todos los días al pie del cañón», afirmó. No obstante, al alcaldesa le buscó la parte positiva y aseguró que así «será más fácil confeccionar las listas». Por último, el primer edil de Torre del Compte, Antonio Bergós (PP), confió en que el ajuste no incluya a las localidades pequeñas porque sus cinco concejales «no suponen ningún gasto».
