La comarca

Los sectores perjudicados por los recortes gubernamentales se han echado a la calle a protestar por la situación. Desde Madrid debe facilitarse el diálogo para evitar nuevas confrontaciones.
Más allá del debate de si son trabajadores, o no; de si hacen falta más o menos efectivos; de si su nivel de vida es bueno o malo, o del volumen de su sueldo, los funcionarios están siendo colocados en el punto de mira de los recortes. Como si ellos hubieran sido los culpables de la crisis. Y de nuevo vuelven a ser los sufridores de los recortes. Si en su día ya tuvieron que soportar el descenso de su salario, ahora ven cómo se les eliminan una paga extra. Desde ciertos sectores se les intenta mostrar como uno de las aspectos a pulir para salir de la crisis, y de ahí que se hayan convertido en una cabeza de turco que pague los recortes. El viernes se echaron a la calle en Alcañiz para protestar contra todos los recortes; no solo los salariales, sino todos los que están relacionados con la sanidad y la educación públicas. Ocurre lo mismo con la posible fusión de ayuntamientos para ahorrar costes. No es de recibo que las localidades pierdan su propia identidad por culpa de una crisis que no han provocado. Las manifestaciones de los trabajadores públicos se suman de esta manera a los movimientos mineros, que tras más de un mes de protestas no cejan en su empeño de defender lo que consideran suyo. Después de completar dos marchas negras -a Zaragoza y Madrid- no pueden quedarse de brazos cruzados, viendo cómo desde Madrid no descartan que los recortes en las ayudas a la minería vayan más allá del 63%. De lo contrario, no habría servido de nada todo lo realizado hasta hoy. En ambos casos, funcionarios y mineros, se presenta la imperiosa necesidad de que todas las partes se sienten a hablar para tratar el problema. No vale únicamente con mover un rodillo para imponer un criterio. El diálogo social debe ser la base para consensuar posturas. Pero todos tienen que ceder.