La Comisión Europea debe tener en cuenta la grave repercusión social y económica que tendrá la regulación de las reservas de carbón autóctono y las ayudas a la industria minera. Urge que cambie su propuesta inicial y que no se condicionen las subvenciones al cierre de explotaciones, sino a su funcionamiento a medio y largo plazo. En este tiempo, es necesario que el Gobierno Central apueste por la competitividad del sector.

Los pueblos mineros llevan padeciendo una grave crisis desde hace más de veinte años. Las reconversiones mineras han provocado la pérdida de cientos de empleos y, ahora, a la amenaza de la escasa demanda energética se unen las nefastas propuestas de la Comisión Europea.  El problema de raíz es que Aragón, Castilla y León, y Asturias no se han sabido hacer oír en los máximos órganos administrativos, donde la problemática se ha politizado y ha girado en torno a intereses empresariales.

La Unión Europea y el Gobierno Central han de responder con urgencia  la llamada de auxilio de miles de familias españolas dependientes del carbón autóctono, dos mil de ellas turolenses. Los municipios afectados en las comarcas de Andorra Sierra de Arcos y Cuencas Mineras no están dispuestos a seguir callados. Tras meses a la espera de una reacción por parte de la administración europea, han decidido movilizarse para hacerse oír. Reclaman la quema de carbón autóctono y que se modifique la decisión de suprimir las ayudas al sector a partir de 2014, lo que implicaría el cierre de las minas.

La crisis del carbón afecta a más de mil familias de Andorra Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. De ahí, que la gestión de esta problemática se haya realizado hasta ahora de manera hiperconsensuada. De hecho, la unión sindical de CC OO y UGT en la Villa Minera se ha mantenido, al margen de lo que sucediese en el resto del país, más allá de la política o las presiones de ambas ejecutivas.